¿Existe la obligación de expedir un CFDI a las aseguradoras cuando pagan la indemnización por siniestro de un vehículo asegurado?

En días previos se han recibido por parte de los suscriptores de la casa editorial Casia Creaciones y la Revista Prontuario de Actualización Fiscal (PAF), diversas consultas (las cuales son Ilimitadas), en donde solicitan información al respecto de la posible obligación que tienen los contribuyentes (en su mayoría personas físicas) para tener que expedir un CFDI por el pago que las aseguradoras les realizan en caso de algún siniestro relativo a sus vehículos, toda vez que, es bien sabido por parte de los asegurados que cuando existe un siniestro que afecte al vehículo asegurado, la indemnización llegará al contribuyente con la condición de que se expida el comprobante fiscal correspondiente, no obstante, derivado de que en ocasiones los vehículos asegurados pertenecen a personas físicas sin posibilidad de expedir facturas (de acuerdo con las características fiscales de las mismas personas [son sueldos y salario o personas en suspensión de actividades en su mayoría]), dichas aseguradoras obligan a los asegurados a tener que cambiar el régimen fiscal en el que se encuentran, por el simple hecho de tener que expedir la factura, existiendo una posible afectación a su situación, derivado de que al aumentar sus obligaciones de los contribuyentes por el simple hecho de realizar la factura para el cobro de su indemnización, aumenta las obligaciones del contribuyente, las cuales, si no son cumplidas de acuerdo a la legislación pueden terminar en una sanción por parte de la autoridad fiscal.

En este tenor, diversos medios de comunicación han emitido noticias al respecto de las prácticas que realizan las instituciones aseguradoras en el país, derivado de lo que actualmente se considera cómo una práctica indebida por parte del SAT, por lo tanto, se les presenta el breve análisis del fundamento que contempla dicha acción cómo una práctica indebida.

Los contratos que se llevan a cabo por parte de las aseguradoras con sus asegurados se rigen por la Ley Sobre el Contrato de Seguro (LSCS), en el cual se indica en su artículo 1 lo siguiente:

Artículo 1°.- Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.

En relación con lo anterior, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF) indica lo siguiente:

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Por lo anterior, el artículo 29 del CFF se indica que se encuentra la indicación de “las personas que adquieran bienes”, no obstante, se debe de tener en cuenta que si bien es cierto que el artículo 29 del CFF, menciona que se debe de solicitar la factura cuando se adquiera un bien, el artículo 1 de la Ley de seguro sobre el contrato indica que se debe de realizar el pago de la suma de dinero pagada que se pactó, sin embargo, se tiene que considerar que en ningún apartado de dicho fundamento, condiciona a la expedición del CFDI, por lo tanto, derivado de la confusión creada por lo dispuesto en las disposiciones normativas previas, se aclara la situación mediante el criterio 5/IVA del anexo 3 de la RMF-2020 que a su letra indica lo siguiente:

5/IVA/NV Enajenación de efectos salvados.

Del artículo 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se deriva que el resarcimiento del daño o pago de una suma de dinero realizado por las empresas aseguradoras al verificarse la eventualidad prevista en los contratos de seguro, tiene su causa en los propios contratos, por lo que estas operaciones no pueden considerarse como costo de adquisición o pago del valor de los efectos salvados para dichas empresas.

Por lo anterior, se considera una práctica fiscal indebida:

I. Expedir un CFDI que señale como precio o contraprestación por la enajenación de los efectos salvados, la cantidad pagada o resarcida por una empresa aseguradora al verificarse la eventualidad prevista en un contrato de seguro contra daños.

II. Calcular el IVA y trasladarlo a una empresa aseguradora que adquiera los efectos salvados, considerando como valor la cantidad a que se refiere la fracción anterior, expidiendo para tal caso un CFDI que señale como monto del IVA trasladado, el calculado conforme a esta fracción.

III. Deducir o acreditar fiscalmente el IVA con base en los comprobantes fiscales a que se refieren las anteriores fracciones I y II.

IV. Considerar como costo de adquisición de los efectos salvados, para el artículo 27 del Reglamento de la Ley del IVA, la cantidad a que se refiere la citada fracción I.

V. Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en la realización o la implementación de cualquiera de las prácticas anteriores.

Por lo anterior cómo se puede visualizar en el párrafo segundo, fracción I del citado criterio se indica “Por lo anterior, se considera una práctica fiscal indebida: I. Expedir un CFDI que señale como precio o contraprestación por la enajenación de los efectos salvados, la cantidad pagada o resarcida por una empresa aseguradora al verificarse la eventualidad prevista en un contrato de seguro contra daños

¿Qué opina la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Respecto?

Son diversas las posturas que la Suprema Corte ha indicado, no obstante, al respecto se puede considerar una Jurisprudencia la cual, grosso modo, indica que en defecto de no proporcionar la factura por parte del asegurado, se podrán poner a disposición “elementos o medios que se consideraran suficientes, de acuerdo con la ley, los usos mercantiles, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, como la expedición de una copia de la factura por la agencia automotriz, la carta factura, medios preparatorios para obtener el reconocimiento sobre la transmisión de la propiedad por el enajenante, diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la declaración judicial de la acreditación de la propiedad del vehículo, o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda que el asegurado es el actual propietario del vehículo”, también indican que cuando el asegurado no emita la factura, no será motivo para no realizar el pago de la indemnización pactada en el contrato, a su letra indica lo siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2020548

Instancia: Plenos de circuito.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas.

Materia(s): (Civil)

Tesis: PC.I.C. J/92 C (10a.)

CONTRATO DE SEGURO CONTRA ROBO O PÉRDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS. LA EXHIBICIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DEL SINIESTRO.

De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 114/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONTRATO DE SEGURO. AL NO SER EL PAGO DE LA PRIMA UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGO PRODUCIDO, NO ES OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO ACREDITAR ÉSTE PARA EJERCITARLA, SINO QUE CORRESPONDE A LA ASEGURADORA OPONER COMO EXCEPCIÓN LA FALTA DE PAGO PARA DESVIRTUARLA.”, los únicos elementos de dicha acción son la existencia del contrato de seguro que demuestre la vigencia de la obligación a cargo de la aseguradora para cubrir la indemnización, así como la realización del siniestro, para lo cual, en términos de los artículos 66 al 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, sólo es indispensable acreditar que se dio aviso oportuno a la institución respecto del siniestro y que se le haya proporcionado la documentación relacionada únicamente con ese evento, con la cual puedan determinarse las circunstancias de su realización y sus consecuencias, sin que tales numerales prevean la acreditación de la propiedad del bien como puede ser con la entrega de la factura original del automóvil y, por ende, ante su no exhibición, no puede considerarse que exista un incumplimiento al contrato o condiciones generales del seguro que justifique la declaratoria de improcedencia de pago. Así, una vez cumplidos o acreditados tales requisitos, nace el derecho a obtener el pago de la indemnización conforme al artículo 71 del citado ordenamiento, salvo que se considere que la parte actora –que se haya ostentado como propietaria del vehículo y que con ese carácter celebró el contrato de seguro–, carece de legitimación por no haber acreditado tal derecho, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 74/2011 (9a.) de ese Alto Tribunal, de rubro: “CONTRATO DE SEGURO CONTRA DAÑOS A VEHÍCULO. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN.”. Así, una vez que se declare que el asegurado tiene derecho al pago de la indemnización, entonces, esa declaratoria se convierte en una fuente creadora de dos obligaciones, recíprocas entre sí: la primera, consistente en una obligación de dar, a cargo de la parte actora o asegurado, que es la de proporcionar a la aseguradora los elementos de convicción que acrediten la propiedad del bien asegurado y el traslado de dominio, para hacer posible que aquélla se subrogue en los derechos y las obligaciones que corresponden al propietario, para lo cual, la comprobación de la propiedad del bien y en la realización de los actos necesarios para transmitir sus derechos, puede lograrse a través de la presentación de la factura o, en su defecto, de otros elementos o medios que se consideraran suficientes, de acuerdo con la ley, los usos mercantiles, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, como la expedición de una copia de la factura por la agencia automotriz, la carta factura, medios preparatorios para obtener el reconocimiento sobre la transmisión de la propiedad por el enajenante, diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la declaración judicial de la acreditación de la propiedad del vehículo, o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda que el asegurado es el actual propietario del vehículo. La segunda, relativa a una obligación de dar, a cargo de la aseguradora, consistente en la de ejecutar o efectuar el pago de la indemnización, cuya modalidad adquiere un matiz condicional, porque su resolución depende de la entrega de la documentación que acredite la propiedad del bien asegurado y su transmisión, para efectos de la subrogación. Lo anterior significa que una vez que se dicte sentencia definitiva que determine el derecho del asegurado a recibir el pago de la indemnización, será en la etapa de ejecución de sentencia en la que deberán ejecutarse ambas obligaciones recíprocas, cuyo cumplimiento, en el orden indicado, garantiza que la aseguradora se subrogue en los derechos que corresponden al propietario del bien asegurado, y que éste no obtenga un doble lucro al recibir la indemnización y conservar a la vez la propiedad del bien siniestrado.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 26/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de julio de 2019. Mayoría de ocho votos a favor de los señores Magistrados Alejandro Sánchez López (Presidente), José Leonel Castillo González, Eliseo Puga Cervantes, Marco Polo Rosas Baqueiro, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, José Rigoberto Dueñas Calderón y Manuel Ernesto Saloma Vera (votó con salvedades respecto del texto de la tesis aprobada). Disidentes: María del Carmen Aurora Arroyo Moreno, Jaime Aurelio Serret Álvarez, Paula María García Villegas Sánchez Cordero (voto particular), Fortunata Florentina Silva Vásquez (voto particular), Roberto Ramírez Ruiz, María del Refugio González Tamayo (voto particular) y Martha Gabriela Sánchez Alonso. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Octavio Rosales Rivera.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis: I.4o.C.76. C., de rubro: “CONTRATO DE SEGURO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL DEL AUTOMÓVIL ASEGURADO, NO CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO QUE LLEVE A DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE.”, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1442, registro digital: 178494; y,

El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 510/2018-13.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 114/2008 y 1a./J. 74/2011 (9a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 136 y Décima Época, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, página 734, respectivamente.

CONCLUSIÓN.

Con base en lo analizado previamente, es un hecho que para efectos de que las empresas aseguradoras puedan realizar el pago correspondiente a la indemnización pactada en el momento de la contratación del seguro sin que se expida el comprobante fiscal, toda vez que al no ser considerada como una enajenación, no existe obligación de expedición del comprobante fiscal y en dado caso si se desea comprobante y/o acreditar la propiedad por parte del asegurado para efectos de que se demuestre que el vehículo era de él /ella podrán proporcionar la información adicional previamente indicada, por lo tanto, no existe la obligación de emisión del comprobante fiscal cuando se trate de realizar el cobro acordado en el contrato con la aseguradora, sino, por lado contrario, en lo que concierne a la materia fiscal será considerable cómo una práctica indebida.

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